martes, 21 de diciembre de 2010

Editorial del nº 7 IBF News, mayo 2010

“Declaración de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948).
Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Todos estamos de acuerdo en que esto debe ser así y además que debe ser protegido para que se cumpla, de lo cual estoy completamente de acuerdo.
Pero este derecho no protege las mentiras ni a los mentirosos.
Estas últimas semanas me han informado de dos casos, en los cuales, dos artistas marciales con muchos años de práctica y responsables de sus propios Dojos (4º y 5º dan respectivamente), se han referido a amigos y compañeros míos, excelentes artistas marciales y con sus papeles en regla, tildándolos de “ilegales” y otros descalificativos similares por no pertenecer a una federación deportiva.  Esto era habitual en los años ochenta, puedo dar fe, ya que lo sufrí en mis carnes, pero señores, estamos en el siglo XXI.
Para no extenderme, daré mi opinión. Esto sólo lo pueden hacer dos tipos de personas o personajillos, los mal intencionados y los ignorantes…y estas personas o personajillos a los que hacía referencia no me parecen ignorantes.
Hace unas semanas recibí una triste noticia. En Canarias se había destapado un presunto caso de abusos sexuales a menores. El principal imputado es Fernando Antonio Torres Baena (Las Palmas de Gran Canaria, 9/5/1956) es doctor en Ciencias del Deporte, licenciado en Educación Física, ha sido profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, propietario de la AD Canarias 81 y presidente durante un año y medio de la Federación Insular de Kárate de Gran Canaria. Además, a nivel deportivo individual, ostenta el cinturón negro 7º dan. También presidió (no se si presidia en la actualidad) el departamento de I+D+I de la Federación Española de Karate dependiente del Consejo Superior de Deportes, perteneciente al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
No es intención de quien firma juzgar a nadie, pero si espero y deseo que los órganos competentes (policías y jueces) cumplan con su obligación, investigando, juzgando y en su caso, declarando libres de responsabilidad penal o imponiendo la pena correspondiente a los imputados. 
Nos vemos en el tatami. 

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